Los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana presentaron una agenda académica con propuestas dirigidas a las candidatas y los candidatos a la Presidencia de la República, con el propósito de promover decisiones informadas en materia de empleo, protección social y condiciones de trabajo.

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2026

La informalidad, la protección social, el trabajo rural, el cuidado no remunerado, la transición energética y los efectos de la automatización son algunos de los grandes desafíos que enfrenta el mercado laboral colombiano. Frente a este panorama, los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana presentaron las Propuestas Agenda Legislativa Laboral, un documento con propuestas concretas para aportar al debate público de cara al próximo gobierno.

El documento, construido desde un ejercicio académico e investigativo, está dirigido a todas las candidaturas presidenciales y no responde a ninguna afiliación política. Su propósito es ofrecer insumos técnicos, rigurosos y aplicables para avanzar en decisiones públicas que impacten de manera efectiva la empleabilidad, la protección social y las condiciones de trabajo en el país.

Para los Observatorios, los problemas del mercado laboral no esperan los ciclos electorales. La informalidad, la precariedad laboral, la ausencia de protección pensional para quienes realizan trabajos de cuidado y las brechas territoriales requieren respuestas urgentes, sostenibles y basadas en evidencia.

“Quienes producimos evidencia sobre el trabajo no somos ajenos a las decisiones políticas: sabemos que toda política pública es también una apuesta de valores, y que la evidencia no reemplaza la deliberación, sino que la hace más honesta. Por eso no presentamos estas propuestas como la única respuesta posible, sino como el mejor insumo que podemos ofrecer desde años de investigación rigurosa”, afirmó Juliana Morad Acero, codirectora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana.

La agenda plantea acciones precisas que buscan aprovechar herramientas ya existentes: normativa vigente, mandatos legales pendientes de reglamentación y capacidades institucionales instaladas. No se trata de reformas abstractas ni de transformaciones imposibles de ejecutar, sino de propuestas orientadas a producir cambios reales en el menor tiempo posible.

Entre las propuestas se destacan:
•    Mesas Nacionales de Concertación que vayan más allá de la discusión del salario mínimo y permitan construir acuerdos de formalización con el sector privado, los trabajadores informales y la economía popular. 
•    Un modelo propio de negociación colectiva sectorial, desarrollado a partir del Decreto 0234 de 2026, adaptado a las condiciones colombianas y con protecciones para las pequeñas empresas. 
•    Ampliación de la cobertura de riesgos laborales en el campo, donde actualmente solo el 0,74 % de los trabajadores rurales cuenta con protección ARL, con la meta de llegar al 25 % en 2029. 
•    Reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado como contribución social con valor pensional, junto con la formalización del trabajo doméstico remunerado. 
•    Reglamentación de los mandatos pendientes de la Ley 2466 de 2025, los cuales no requieren una nueva ley, sino desarrollo por parte del Ejecutivo. 
•    Cotización proporcional al ingreso real para el 46 % de los ocupados que gana menos de un salario mínimo, junto con la reducción de costos de formalización para las microempresas. 
•    Creación de un Fondo Nacional para la Transición Laboral en la Era de la Automatización, como mecanismo para reconvertir trabajadores antes de que el desplazamiento tecnológico se profundice. 
•    Consolidación de una política de empleos verdes y azules, con mesas de transición justa para los municipios que dependen del carbón y el petróleo. 
•    Fortalecimiento de la mediación laboral independiente desde centros universitarios, para resolver conflictos antes de que lleguen a demandas judiciales que tardan, en promedio, 534 días.

Por su parte, Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal, señaló: “Estamos disponibles para acompañar al próximo gobierno en lo que sea útil: fortalecer propuestas antes de que lleguen al Congreso, diseñar instrumentos de evaluación, producir diagnósticos territoriales o acompañar los procesos de reglamentación pendiente. Todo sin pedir nada a cambio.”

Con esta agenda, la Pontificia Universidad Javeriana reafirma el papel de la academia en la construcción de país y de su aporte al conocimiento, la evidencia y el análisis técnico al servicio de las decisiones públicas. Porque hablar de trabajo es hablar de dignidad, de inclusión y de cohesión social.

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