En el 2019 el Congreso de la República expidió la ley 1996 con la que modifica el régimen de capacidad de las personas mayores de edad en situación de discapacidad. Dicha ley adopta una visión incluyente, otorgando plena capacidad legal a los sujetos con discapacidad, de manera que les permite ejercer directamente todos sus derechos, eliminando la interdicción judicial que limitaba su ejercicio e imponía a un tercero a actuar por estos.

Ahora bien, siendo conscientes de las dificultades que a veces enfrentan a la hora de realizar sus actos jurídicos, se crea la figura del apoyo. Esta figura permite que una o varias personas (naturales o jurídicas) de confianza acompañen a las personas con discapacidad en sus actos jurídicos, garantizando que en cada acto haya voluntad plena de los involucrados y que así se garantice que la persona en situación de discapacidad tenga pleno conocimiento de las consecuencias que enfrentarían por la expresión de dicho consentimiento. El nombramiento de la persona designada como apoyo podrá darse a través de una conciliación ante el Centro de Conciliación de la Pontificia Universidad Javeriana.

Cabe recalcar, que el apoyo tiene una serie de obligaciones con la persona en situación de discapacidad, entre las que se encuentra el que no podrá imponer su voluntad en ningún acto, pues su papel será únicamente de acompañamiento y de asesoría, pero la voluntad depositada en los actos jurídicos será siempre la de la persona en situación de discapacidad; al punto que esta última tendrá la posibilidad de dar por terminado el apoyo en el momento que lo desee, o modificar los términos de esta asesoría como mejor se adecúe a sus necesidades.